
El hecho de no tener registrado el fichero de datos ante la Agencia puede suponer a la empresa hasta 300.000 euros de sanción.
Una década después de la puesta en marcha de la ley de protección de datos todavía son muchas las empresas de la provincia de Ciudad Real que aún no se han adaptado a los requerimientos que exige esta normativa, entre otras cosas, a la protección de todos los listados con datos personales en manos de empresas y entidades públicas.
Así, según las cifras que maneja la Agencia Española de Protección de Datos, en agosto, 2.944 empresas de la provincia habían registrado sus ficheros o datos. Una cifra significativamente baja si se tiene en cuenta que en la provincia, según los datos del último directorio central de empresas (Dirce) que elabora el INE son más de 32.000 las empresas que existenl. En términos porcentuales, significa que únicamente el 9% de las empresas de la provincia cumplen con la legislación vigente en campo de la protección. El 91% restante, o no la conoce o, simplemente, no la cumple.
Con esta norma se pretende que las peluquerías, hoteles o empresas de transporte que tienen datos de clientes, proveedores, empleados y contactos inscriban esos datos y mantener una política de seguridad para gestionarlos e informar a los propietarios.
Y aunque cada vez son más las sociedades que cumplen -casi 130 se unieron a la lista en el mes de agosto- todavía faltan muchas por dar el paso. Además, el hecho de no haber registrado el fichero ante la APD se sanciona con multas de hasta 300.000 euros. Aun así, con el registro no se cumple la normativa legal, ya que ésta obliga todavía a más cosas. Entre las medidas técnicas y organizativas a adoptar, es necesaria la creación de un documento de seguridad que describa los procedimientos del tratamiento informático de los ficheros, y garantizar los derechos de información y acceso a los datos por parte de los interesados.
En el conjunto del país, por sectores de actividad, siguen destacando los relacionados con la pequeña y mediana empresa y autónomos, tanto en el comercio, el turismo y la hostelería, seguido del sector sanitario y el inmobiliario, entre las que se destaca las comunidades de propietarios y la construcción.
